Archive for enero, 2011
Ayer, en la Ejecutiva Federal de IU, debatíamos y aprobabámos una resolución sobre el comunicado de ETA, en el que anunciaba un alto el fuego permanente y de carácter general. No negamos que aunque insuficiente es positivo cualitativamente con respecto a comunicados anteriores, y un tímido principio para avanzar hacia la paz definitiva en Eusdadi. Eso si, no responde plenamente a las demandas de los ciudadanos y ciudadanas, a las necesidades del País Vasco, ni a las exigencias propias del fin de la violencia.
Es evidente que la situación que se genera tras este comunicado, debería aconsejar contemplarlo con altura de miras, e intentar no buscar supuestas rentabilidades electoralistas a aquellos que apostamos inequívocamente por el fin definitivo de la violencia. Ahora bien, eso no puede impedir que valoremos algunos contenidos del comunicado de ETA como decepcionantes.
ETA no puede aspirar a tener la tutela sobre el proceso y su finalidad, desautorizando asi “de facto” su propio comunicado en el punto 2, donde identifica a los actores del proceso como los “agentes políticos y sociales vascos”. No es posible un proceso democrático protagonizado por agentes políticos y sociales con legitimidad democrática, si ETA se reserva el papel de garante armado que vigila y certifica el proceso. Los problemas políticos se resuelven desde la política. Nosotras y nosotros no cuestionamos la legitimidad de las aspiraciones políticas de la izquierda abertzale, mas allá de no compartirlas. En IU tampoco compartimos la Ley de Partidos, entre otras cosas por la inseguridad e indefensión, por no decir arbitrariedad jurídica que puede desarrollar. Lo que cuestionamos es que ETA pretenda erigirse en árbitro armado, por muy permanente que anuncie su alto el fuego.
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Siguen los sindicatos negociando con el Gobierno sobre la reforma de las pensiones. O dicho de otra forma, siguen los sindicatos intentando que el Presidente Zapatero no convoque otra Huelga General.
Hace pocos días se conoció que el aumento del IPC en el 2010 fue del 2,9%. Quiere decirse que pensionistas, desempleados y desempleadas, trabajadoras y trabajadores públicos, además de haber sido congelados y reducidos sus salarios, ven reducida su capacidad de consumo casi un 3% más.
Las tarifas eléctricas han aumentado casi un 10%, a pesar por ejemplo, del beneficio de Iberdrola en 2010 de más de 2.000 millones de euros. Lo de un café que diría el Ministro de las luces. Es lo que tiene convertirse en un moderno neoliberal defensor del Estado del Bienestar a base de liquidarlo.
En Madrid Esperanza Aguirre regala 3.000 millones de euros a las mayores rentas y patrimonios de la Comunidad, mientras 60.000 familias ya no tienen ingreso alguno ninguno de sus miembros.
PSOE, PP y las derechas nacionalistas pactan salvar a las constructoras adjudicatarias de las autopistas de peaje. Es decir, la Comunidad de Madrid pagará 1.670 millones de euros por la M-45 en vez de los 487 millones del coste de la construcción, pero como además no pasan los coches suficientes, los que pasan y los que no pasan por la M-45, pagarán vía Presupuestos a las adjudicatarias de las autopistas, los beneficios frustrados por los insolidarios automovilistas que optaron por no contribuir a tan sostenible modelo de movilidad.
Compartimos muchas y muchos la opinión del catedrático Vicenç Navarro, hombre de izquierdas, nada dogmático, ni de identificación partidista, cuando dice que “la razón más importante de la crisis de la socialdemocracia europea, es la incorporación de las propuestas liberales que ha alienado a sus bases electorales”, señalando además que “cumplir sus compromisos les llevaría (a la socialdemocracia) a unas políticas de enfrentamiento que ni siquiera consideran”.
En este espacio, en IU, estamos convergiendo con muchos otros y otras que compartimos análisis, propuestas y movilizaciones ante las salidas a la crisis que quieren imponer los poderes económicos y financieros, asumidas por el Gobierno de Zapatero, y que como propias que le son, ejecuta implacablemente Esperanza Aguirre.
En este espacio pueden confiar todas y todos aquellos que votaron en el 2008 al PSOE para defender y desarrollar el Estado del Bienestar, y que han visto frustradas sus expectativas. Esa aspiración y compromiso con el Estado del Bienestar está hoy sólamente en IU.
Si alguien lo deja claro es Esperanza Aguirre, cuando repite incansablemente que “Zapatero por fin ha entrado por el buen camino”. En el 2010 Gobierno de la Nación y Gobierno de la Comunidad nos han recortado el Estado del Bienestar, en 2011 tenemos la oportunidad de recortarlos a ellos.
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Desde hace prácticamente un año, el Gobierno de la Nación pretende introducir el debate sobre la necesidad de reformar el sistema público de pensiones. Ampliar la edad de jubilación hasta los 67 añós, así como elevar el cómputo de años para el cálculo de las pensiones, son los dos objetivos que se ha puesto el Presidente Zapatero. Los argumentos empleados para justificar esa supuesta necesidad de dicha reforma, lejos de ajustarse a la realidad, pretenden trasladar a la opinión pública la sensación de que es el único camino para preservar las pensiones de ahora y del futuro. Los pensionistas presentes y futuros deben conocer la realidad y no dejarse llevar por la resignación de que esas medidas son las únicas posibles o que son inevitables.
Es por eso que en IU federal hemos iniciado una campaña informativa, que hemos denominado “NO SEAS INOCENTE”, para que los trabajadores y trabajadoras conozcan la realidad sobre las afirmaciones que pretenden sustentar las contrarreformas de las pensiones, y sobre las que tienen ya un principio de acuerdo el Gobierno de la Nación, el PP, y las derechas nacionalistas.
Algunas de las verdades que el Presidente Zapatero pretende ocultar, y que a continuación relaciono, son las que vamos a hacer llegar hasta el último lugar del país donde haya un afiliado o afiliada de IU.
El Gobierno dice que es inevitable aumentar la edad legal de jubilación a los 67 años (aunque lo quiera hacer con flexibilidad)
No es cierto.
España es uno de los países de Europa con una edad “real” de jubilación más alta (63 años y 10 meses) y cercana a la edad legal.
El Gobierno dice que el aumento de la esperanza de vida (habrá más pensionistas en el futuro) hace necesaria la reforma.
No es cierto.
Es verdad que habrá más pensionistas, pero también es verdad que habrá más cotizantes y con cotizaciones más altas. El problema no es demográfico, sino de voluntad política. Se pueden hacer cotizar los contratos que están en la economía sumergida, se puede evitar que las mujeres ganen un 30% menos que los hombres y, por tanto, coticen menos, se puede elevar el salario mínimo (uno de los más bajos de Europa), se puede hacer cotizar las becas (en su mayor parte son contratos laborales encubiertos) se pueden elevar las cotizaciones máximas (la base más alta son 3.198 euros/mes; a partir de ahí ya no se cotiza más).
El Gobierno dice que el gasto en pensiones es muy alto.
No es cierto.
En 2011 gastaremos en pensiones contributivas en torno al 10% del PIB. En 2040, el 14%. Hoy hay ya países como Italia que ya gastan ese 14 %. Francia gasta ya el 12%. Nuestras pensiones medias son de las más bajas de Europa y el número de pensionistas comparado con la población también es de los más reducidos. Incluso en períodos de crisis como el actual y con 4,5 millones de parados, la Seguridad Social tiene superávit y el Fondo de reserva está aumentando hasta alcanzar casi los 70.000 millones de euros.
El Gobierno dice que las medidas que se toman ahora son para consolidar el sistema y garantizar las pensiones del futuro.
No es cierto.
La realidad es que las medidas que se toman tienen por objetivo reducir las pensiones y así lo expresa el Gobierno en el compromiso contenido en el Plan de Austeridad enviado a la Comisión Europea. El aumento de la edad de jubilación significa que todos cobraríamos dos años menos de pensión, con el consiguiente ahorro (que se estima en un 6%) y el aumento de los años de cómputo para determinar el importe de la pensión, de los actuales 15 años a 20 o 25, significa que todos cobraremos pensiones más bajas (entre un 5 y un 10% menos) porque los salarios más antiguos eran más bajos.
El Gobierno dice que defiende el sistema público de pensiones.
No es cierto.
Lo ha entregado a los mercados, que tienen nombre y apellidos. Son los bancos y las compañías de seguros. Se pretende un modelo asistencial, es decir unas pensiones públicas mínimas y el resto con complementos de los seguros privados.
Informar y movilizar es lo que impedirá que recorten las pensiones, y en eso vamos a poner todo el esfuerzo IU.
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