En el anterior artículo, ya hacía referencia a que el nuevo modelo de financiación de las Comunidades Autónomas, había sido valorado mas en términos cuantitativos, que en función de si cumplía o no con los objetivos de reequilibrio social y territorial, garantizando los servicios públicos básicos de educación, sanidad y transportes, tal como preveen dichos fondos. Asímismo, también hacía alusión al penoso papel que ha jugado, y pretende seguir jugando el Gobierno de Esperanza Aguirre, tanto en el proceso de negociación como en el de toma de posición de la Comunidad de Madrid. Así que sobre ésta última parte, intentaré no repetirme, incidiendo mas en el contenido y consecuencias del nuevo modelo, y en su aplicación a nuestra Comunidad.

Entrando en el contenido del propio Acuerdo, lo primero que resaltaríamos es el propio método para alcanzarlo. No es asumible seguir insisitiendo en el modelo bilateral de negociación. Es decir, cada Comunidad negocia con el Estado al margen del resto. Es justo lo contrario que defender un modelo federal, donde el Gobierno junto a las 17 Comunidades, repartirían los fondos bajo los principios de reequilibrio social y territorial del conjunto del Estado, aplicando parámetros de reparto corregido en función de la inversa de la renta por habitante,  del número de población, así como los incrementos, dispersión o envejecimiento de la misma. Es decir, este Acuerdo, además de la ausencia de transparencia en su reparto, abre la posibilidad de favorecer a territorios con las rentas per cápita mas altas, lo que en la práctica puede provocar que el sistema de financiación sea insolidario, al conseguir un efecto desnivelador entre territorios.

Pero además, este Acuerdo pone en cuestión el principio de suficiencia, como consecuencia de un marco de cesión de capacidad normativa a las Comunidades Autónomas, en el tramo autonómico de los tributos cedidos, que permite abrir un proceso de desfiscalización, que de darse, y en Madrid no hace falta tener mucha imaginación para aventurarlo, debilitará la eficacia en la gestión de los servicios públicos, la suficiencia de sus recursos, e incumplir con el principio de progresividad fiscal, además de no condicionar las transferencias de competencias, a la no privatización de dichos servicios. Mención aparte merece, la cantidad de hocico que despliega Esperanza Aguirre, para en el mismo momento y lugar, reivindicar mas recursos al Estado para la Sanidad y la Educación Pública madrileña, de los Presupuestos de todas y todos los españoles, para en paralelo seguir con su “cruzada” de desmantelamiento y privatización de estos servicios, junto a la rebaja de impuestos directos para los que tienen más recursos. Bien es verdad, que el Gobierno del Estado se lo permite y se lo facilita con este Acuerdo, que no está pensado para otra cosa, que para garantizar la estabilidad parlamentaria del Gobierno de Zapatero, una vez que ha fracasado su teoria de la “geometría variable” parlamentaria.

Como consecuencia de todo esto, no tengo por menos que decir que este Acuerdo es negativo, ya que tiende a la neutralidad fiscal, no cumple de manera efectiva con el principio de solidaridad interterritorial, y pone en riesgo la suficiencia en la financiación de los servicios públicos madrileños, permitiendo a Esperanza Aguirre una vuelta de tuerca mas en su privatización, además de no contribuir a superar el fuerte déficit social que sufre nuestra Comunidad, y que perjudica a los intereses de la mayoría social trabajadora de nuestra Región.
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