Nada mas lejos de mi intención, que cuestionar el principio de inocencia, ni aportar ninguna “exclusiva”mas al serial que comenzó hace mas de un año, entre el PP y el PSOE, sobre quien contaba en sus filas con el mayor número de personajes de dudosa conducta, en torno al urbanismo. No catalogaría yo, si el caso del antiguo Director General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, es mas o menos grave que otros que llenaron páginas de periódicos durante el año pasado. No es para IU un problema de si se han aprovechado mas o menos de un cargo público para su beneficio personal, el asunto importante es si se han aprovechado, y como imposibilitar que un desaprensivo pueda hacerlo.

Que la Fiscalía Anticorrupción haya actúado contra Enrique Porto, y contra el actual Alcalde del PP de Villanueva de la Cañada, no parece cualquier cosa. Que la Ley pueda intervenir sobre la compatibilización de actividades económicas privadas, que pueden verse favorecidas por el desempeño de un cargo público, no es tarea fácil, dada la excesiva flexibilidad legal en cuanto a  incompatibilidades de altos cargos de la Administración o de cargos políticos. El problema, es que en muchos asuntos relacionados con el Urbanismo, hay actos que pueden ser legales, pero deberían dejar de serlo.

No me corresponde a mi evaluar la legalidad de la actuación motivo de la querella de la Fiscalía Anticorrupción, es asunto de los jueces. Ahora bien, si el antiguo Director de Urbanismo, poseía  con anterioridad terrenos en un sector, donde la Comunidad de Madrid, rechazó el Plan Parcial para edificar, porque incluía 45.030 metros cuadrados de monte preservado para aumentar la edificabilidad, y Enrique Porto, en su calidad de Director General de Urbanismo de la Comunidad, consiguió desbloquearlo, y posteriormente en su calidad de propietario privado, vendió ese suelo, logrando unas plusvalías de mas de un millón de euros, pues la verdad, si tal cosa fuese legal, no queda mas remedio que cambiar la Ley, o abrirse las venas. Evidentemente, parece mas razonable lo primero.

El otro problema, es que a lo que no puede aspirar el Gobierno Regional del PP, es a forzar la dimisión de Enrique Porto y pretender salvar su responsabilidad con eso, sin mas consecuencias. Al Director General de Urbanismo, le nombró el Gobierno Regional de Esperanza Aguirre. A la petición de IU de esclarecer las actividades de Enrique Porto, el PP sencillamente se negó. Si un juez ve indicios legales de irregularidad, se supone que hubiese sido conveniente esclarecer anteriormente, las conductas etico-políticas que un juez no puede valorar. Esperanza Aguirre debe entender, que con forzar la dimisión de Enrique Porto ni se han salvado las responsabilidades políticas de su Gobierno, ni se han aclarado políticamente las actividades derivadas del cargo que el Gobierno Regional confió en Enrique Porto. Solo faltaría escuchar a algún miembro del Gobierno Regional aquello de “..Porto ..Porto.., el caso es que me suena”.

Es evidente, que el Gobierno de Esperanza Aguirre debe facilitar la aclaración de las actividades de su antiguo Director General de Urbanismo y de las mismas  con sus responsables políticos. Parecería lógico también, que todas las tramitaciones urbanísticas diseñadas o iniciadas por Enrique Porto, fuesen objeto de paralización y revisión. El Gobierno del PP no puede mirar para otro lado y encogerse de hombros, y mucho menos aún aprobar leyes, como la de Medidas Urgentes de Modernización, para flexibilizar aún mas las incompatibilidades de altos cargos. Luego pasa lo que pasa.

O se endurecen las incompatibilidades de los cargos públicos y altos cargos de la Administración, incluidos sus entornos profesionales y familiares, o dificilmente no habrá siempre alguien que sucumba a las tentaciones de utilizar una responsabilidad pública en beneficio privado. Hay que entender que esto no es un asunto exclusivo de moralidad, es de defensa del interés general de los ciudadanos y ciudadanas. En materia de vivienda, especialmente, los “pelotazos” en las intermediaciones de suelo, el tráfico de influencias, etc, los pagan las personas que pueden adquirir finalmente las viviendas, que son en último extremo a los que les repercuten todo el recorrido económico de las distintas operaciones especulativas, ya sean legales o no. Por eso vamos a seguir insistiendo desde IU, que sólamente desde la gestión pública del suelo, se imposibilitan estas actuaciones que solo perjudican a los intereses de la gran mayoría de los habitantes de la Comunidad de Madrid.

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Y nos lo queríamos perder. Tras poner las barricadas el ideólogo del PP, entre los que defienden la vivienda de alquiler  y los que defienden la vivienda en compra, una vez mas nuestra inefable Presidenta ha vuelto a echar cuentas, y ha considerado que el PP en Madrid tiene de todo. Por tener, tiene hasta Plan de Vivienda de Alquiler. Tampoco cuesta nada, supongo que pensó Esperanza Aguirre. Además, dada la disminución de beneficios de los últimos tiempos del sector inmobiliario, podemos echarles una manita mas, “no vaya a ser que lo pasen tan mal como una servidora para llegar a final de mes”. 

Aprovechando una visita a unas de las pocas viviendas que hace el IVIMA, en compañía de Mariano Rajoy, (aún no sabemos en calidad de qué), anunció toda una serie de iniciativas en materia de vivienda de alquiler, que dejó al bueno de Mariano con la cara casi tan estupefacta, como cuando tuvieron el lamentable accidente aéreo de Móstoles, que afortunadamente quedó en un simple susto. Tras informar al Presidente del PP, sobre cómo había hecho cambiar las ventanas de las viviendas que estaban visitando, ya que a pesar de ahorrar calefacción,  para su gusto eran pequeñas y limitaban la entrada de luz, enumeró sus estimulantes iniciativas para fomentar el alquiler.

Nada nuevo, que no sea incrementar las garantías de los arrendatarios, y abrir mas expectativas al beneficio empresarial del sector inmobiliario. Para empezar anuncian 95.000 viviendas en alquiler, sobre la base de las previsiones que ellos mismos se hacen, “adivinando” el posible resultado de las medidas que ponen en práctica.

Pudiendo estar de acuerdo con algunas de estas medidas, que pretenden sacar al mercado 50.000 de las 300.000 viviendas vacias que existen en Madrid, como las que tienen que ver con seguros  o ayudas a la rehabilitación para los propietarios que las saquen al mercado, siempre se les termina “olvidando”, que esas subvenciones públicas deben tener contrapartidas. Ni contemplan establecer precios máximos a los arrendadores que acceden a esas ayudas públicas, ni introducen ninguna iniciativa que penalice la vivienda que siga vacia, una vez que el propietario dispone de todas esas garantías. 

Las otras 45.000 viviendas en alquiler prometidas, insisten en mas de lo mismo. Poner suelo público a disposición de inmobiliarias y constructoras, para que puedan hacer negocio una vez mas con las necesidades de vivienda, pero eso si, en suelo público. Es decir, los recursos de todos, puestos al servicio del beneficio empresarial. Pero por si faltaba algo, Aguirre se comprometió a simplificar los trámites a los promotores inmobiliarios privados, para obtener las calificaciones de vivienda pública, a fin de incentivar la construcción de vivienda protegida, por parte de los promotores privados. Por supuesto, el alquiler de estas viviendas, no tendrán relación alguna con los ingresos del arrendatario.

Nadie debería dudar ya, que el PP sigue instalado en materia de vivienda, en el perímetro exterior de la Constitución. Siguen haciendo caso omiso al art. 47 de la Constitución, en lo que se refiere a “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho“.

Desde IU vamos a seguir insistiendo, y esperamos que los ciudadanos y ciudadanos se convenzan ante la tozudez de los hechos, que sólamente la gestión pública del suelo y  de la construcción, de vivienda de alquiler, puede dar respuesta a este derecho constitucional y necesidad social, sin perjuicio de medidas estimuladoras para los arrendatarios, ni de medidas penalizadoras impositivas para las viviendas vacías.

Nada, nada, que el 6 de Octubre nos vemos en las concentraciones que se realizarán en los Ayuntamientos, por una vivienda digna y asequible.

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No podía ser de otra manera. Un partido serio, riguroso, y preocupado por la imposibilidad de cientos de miles de personas que no pueden acceder a una vivienda en España, va a realizar una Convención de Vivienda el próximo fin de semana, para resolver tan grave situación, a la que evidentemente este partido ha sido totalmente ajeno. Ante el irrespirable escenario que estamos viviendo de propuestas electoralistas, el PP una vez mas hace un ejercicio de responsabilidad, y eludiendo este infierno propagandístico, centra su actividad política en resolver los problemas reales de los ciudadanos y ciudadanas, mas allá de buscar réditos electorales vacios de contenido.

Es verdad que los pilares básicos de las medidas que en materia de vivienda ha ido aplicando el PP, primero desde el Gobierno de la Nación, y en las diferentes Comunidades que gobierna, siguen inasequibles al desaliento. Bueno, salvo la audaz medida de las cuatro alturas como máximo en la Comunidad de Madrid. Es decir, mas suelo urbanizable, mas iniciativa privada en la gestión del suelo, en definitiva, mas mercado. Soy consciente que las propuestas hechas hasta ahora por el PP y el PSOE, estan hechas desde estudios de mercado. O sea, desde la ley de la oferta y la demanda, para acomodar la relentización del sector de la construcción, con los sectores sociales que pueden acceder a una vivienda, aunque sea empleando mas de la mitad de sus ingresos en ella. Simplificando, este festival de propuestas en materia de vivienda, tiene mucho mas que ver con el mantenimiento del beneficio empresarial de constructoras, inmobiliarias y propietarios del suelo, que con la dramática situación que hay que padecer para acceder a un derecho constitucional.

No me preocupa tanto que el PP siga insistiendo en las recetas que sus gobiernos han aplicado machaconamente, y que han tenido como consecuencia constatable y tangible, el brutal encarecimiento de la vivienda, y el brutal enriquecimiento del sector inmobiliario, a costa de las necesidades de la mayoría de las personas. Es lo lógico, trabajan para ellos. Lo preocupante, es que muchas personas que han sido y son víctimas de estas políticas, puedan volver a creer en los reyes magos.

Ahora la consigna popular para camuflar sus intenciones, se resume una vez mas, en su típico discurso de trincheras. “España se rompe”, “desaparición de la familia”, “la religión en las escuelas”, “los montajes del 11-M”, “la guerra de Irak”, son algunos ejemplos del “argumentario Génova”, de como abordar las preocupaciones reales que sufre la gente todos los días. En este caso, el “latiguillo” a utilizar, es que el PP pretende que la vivienda de alquiler sea una opción real, pero no una alternativa a la compra. El ideólogo del PP, Juán Costa, ya marcó la frontera. De un lado los del alquiler, y del otro los de la compra. Exactamente, los mensajes sencillos, simples y sin contenido, y a ser posible que puedan resumirse en una frase, y si además es corta y ambigua, mejor. 

El problema lo van a tener cuando, antes de finalizar el año, el Grupo Parlamentario de IU lleve a la Asamblea la modificación de la Ley del Suelo Regional, que ya presentó en el 2001, adecuándola a la Ley Estatal del Suelo. En ese momento se acabarán las ambigüedades, y tendrán que manifestarse sobre las propuestas concretas. Tengo que decir sin embargo, que me tiene un tanto perplejo la actitud del PSM, imbuido también de la subasta electoral, y sin hacer mención alguna a la Ley Estatal que ha impulsado el Gobierno del Presidente Zapatero, que gracias a las enmiendas de IU, facilita la utilización de los sistemas públicos de gestión del suelo, los únicos que garantizan el mayor número posible de viviendas públicas protegidas, tanto en alquiler como en  compra.

Esta mañana, en la reunión mantenida con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, llegábamos a la conclusión de que si el próximo Plan Regional de Vivienda, que deberá aprobarse en el 2008, se hace sin haberse modificado la Ley del Suelo Regional, adaptándola a la Ley Estatal, volverá a ser un fracaso y una frustración, para miles y miles de madrileños y madrileñas, especialmente los mas jóvenes, y una victoria mas para el sector inmobiliario y para las empresas que operan con la especulación del suelo.

Me parece que el 6 de Octubre, vamos a vernos muchos, en las concentraciones que se harán en los Ayuntamientos por una vivienda digna y asequible.

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