EL CABALLO DE ATILA DEL URBANISMO
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Lo ha vuelto a hacer. Esperanza Aguirre, uno de los últimos baluartes en la defensa de las Leyes de Acompañamiento de Presupuestos, para modificar leyes arbitrariamente va a volver a modificar apartados importantes de la Ley del Suelo, para seguir escapando de todos los procedimientos posibles de control, participación y transparencia del urbanismo.
En la anterior legislatura, la ultraliberal Presidenta encargo a uno de esos famosos “gabientes de expertos”, la redacción de una nueva Ley del Suelo, con el espíritu segun ella, de que fuese lo mas consensuada posible, para huir de continuas modificaciones que pudieran generar inestabilidad al sector, en función de los cambios de gobierno que pudiesen darse.
Como no podía ser de otra manera, el borrador que se elaboró solo contentaba a los promotores inmobiliarios, que teniendo en cuenta que cuando se realizó dicho trabajo, es decir, en plena orgía inmobiliaria especulativa, en la que el sector no daba abasto para ingresar sus disparatados beneficios en el sufrido sector bancario, el resultado no podía ser otro que justamente el contrario al anunciado por Esperanza Aguirre, osea, contó con el rechazo hasta del colegio de odontólogos de España.
Visto lo visto, y dado que las inmobiliarias privadas, construtoras y propietarios del suelo nadaban en la abundancia, a costa de encarecer sideralmente la vivienda, haciéndola inaccesible para la gran mayoría de madrileños y madrileñas, especialmente los más jóvenes, no debió ver la Presidenta, la urgencia de una nueva Ley del Suelo. Con ir haciendo modificaciones a la carta podía ser suficiente.
Así que nada mas empezar la nueva legislatura, se sacó de la manga la famosa Ley de Medidas Urgentes, en la que además de intentar quitar de enmedio a los Agentes Forestales, por lo que pudieran estorbar a los desmanes cometidos por propietarios desaprensivos, modificó un buen número de artículos de la Ley del Suelo. ¿Quien no recuerda aquella famosa iniciativa de la Presidenta de las tres alturas, o la eliminación de la Comisión de Urbanismo Regional, o la elaboración de informes de impacto territorial en los Planes Generales de los Ayuntamientos, cuando sigue sin existir el demandado y necesario Plan de Estrategia Territorial?.
En las dos sucesivas Leyes de Acompañamiento de los Presupuestos del 2007 y 2008 mas de lo mismo. Pero este año la cosa pretende llevarla a mayores. Esta vez por menos de modificar 11 normas regionales no piensa hacerlo.
Que si se podía excepcionalmente, eludir la obligación de obtener licencia municipal en un proyecto urbanístico, en las actuaciones de las Administraciones Públicas, pues se coge y se amplía a cualquier tipo de proyecto, ya sea de la Administración o de particulares. Con modificar el artículo 161, ya pueden los promotores privados actuar de igual forma, que quienes lo tienen que motivar en función del interés general.
Pero mira tu por donde, que aún siendo ya célebres las actitudes despóticas que suele gastar la Presidenta cuando fija sus objetivos, con algunas de estas modificaciones de la Ley, no sería de extrañar que tuviese que intervenir el Tribunal Constitucional. Que el Gobierno Regional pudiese decidir en cualquier Municipio la instalación de un vertedero, o un asentamiento por ejemplo, sin la necesidad de contar con el visto bueno del Ayuntamiento en cuestión, incluso en suelos no urbanizables, sin poderlo impedir el Municipio afectado, siendo suficiente alegar interés regional, ni siquiera interés público, es el mayor atentado conocido a la autonomía municipal.
Conociendo el paño, no parece de extrañar que utilizando este procedimiento, la “generalesa” del ejercito de ocupación de las competencias municipales, pretenda actuar en la Cañada Real al margen de los Ayuntamientos de Madrid, Coslada, y Rivas, con los que rompió el principio de acuerdo del 7 de julio, para imponer su voluntad, violentando la Ley si es necesario, como todo parece apuntar.
Lo dicho, una tropelía más del Gobierno de Esperanza Aguirre para potenciar la especulación urbanística, y para intentar lanzar la sombra de la sospecha a los Ayuntamientos. Lástima que el Gobierno del PP no pueda ser el espejo donde mirarse, con tres diputados imputados en el Caso Gürtel.
