Hay un empeño mediático en calibrar el éxito o el fracaso de una movilización, en función de los supuestos números de asistentes. A mi personalmente, me parece mas importante la capacidad de ir sumando voluntades para un cambio social, que rechace tanto el instinto acomodaticio, como el fatalismo de que “hay cosas que no pueden cambiarse”.

Osea, que independientemente de lo que hayan marcado las máquinas cuentamanifestantes, ya sean de la Delegación del Gobierno, Telemadrid, la policia municipal, la policia nacional, los convocantes, o del mismísimo Rappel, la manifestación convocada por la Asamblea contra la Precariedad y por la Vivienda Digna, ha sido un total éxito. Son cada día mas los jóvenes que se rebelan contra las políticas de vivienda, que están única y exclusivamente orientadas en beneficio de las inmobiliarias,  propietarios del suelo,  constructoras, intermediarios y especuladores en general, frente al derecho constitucional de acceder a una vivienda digna y asequible.

Las propuestas de V de Vivienda, son tan asumidas por IU, que forman parte de las continuas iniciativas que nuestra organización plantea en todos los ámbitos, ya sea desde los gobiernos o desde la oposición. Apostar por la rehabilitación, aplicar incrementos impositivos a las viviendas vacias, generalizar los sistemas públicos de gestión del suelo, planificar los crecimientos en función de las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas y no en función del beneficio empresarial del sector, creación de parques públicos de vivienda en alquiler social, no sólamente han formado y forman parte de nuestros programas, si no que en aquellos municipios donde somos decisivos, se van abriendo paso, no sin dificultades, y seguro que de forma manifiestamente mejorable. Las iniciativas institucionales son necesarias, pero no suficientes. Por eso mismo, estas movilizaciones también son imprescindibles

Con las diferencias o matices que seguramente puedan existir, es mucho mas lo que nos une que lo que nos separa, para conseguir que la vivienda deje de ser un valor de inversión, para convertirse en lo que debe ser, un derecho y un valor de uso.

Estoy seguro que vamos a encontrarnos muchas veces mas.

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En consecutivos articulos que he ido colgando de este blog, he intentado reflejar las propuestas, por llamarlas de alguna manera, que en materia de vivienda han venido desgranando el PSOE  y el PP, así como la posición de IU. Del mismo modo y como conclusión de estos artículos, he venido manifestando la necesidad de movilizarse, si queremos que el derecho constitucional a una vivienda, no sea el puro mercadeo electoral, al que le someten los dos grandes partidos. Insisto, sin movilización no podremos garantizar una vivienda digna y asequible, dadas las correlaciones de fuerzas políticas existentes, y las excesivas intersecciones en esta materia por parte del PP y del PSOE.

No se si para el PP, las movilizaciones de mañana sábado, se podrán interpretar como un escalón mas hacia la ruptura de España. La verdad es que los panfletos populares vacios de contenido, y ajenos a lo que le preocupa a la mayoria de las personas todos los dias, solo me importan en la medida que pueden distraer a algunas ciudadanas y ciudadanos de sus propios y diarios problemas, por otros fabricados en la factoría de la calle Génova, para seguir beneficiando los intereses de los sectores económicos mas poderosos, en este caso propietarios y especuladores de suelo, inmobiliarias, constructoras e intermediarios de diverso pelaje, responsables directos de la inaccesibilidad de la vivienda, con la connivencia del PP. 

No es menos cierto, que esa “brillante” iniciativa del “nuevo socialismo madrileño”, de eliminar el Impuesto de Patrimonio, puede ayudar mucho a facilitar el acceso a una vivienda. Todo el mundo sabe, que ese Impuesto afecta muy negativamente a las personas mas desfavorecidas, que disponen de un patrimonio superior a un millón de euros. Por lo tanto, con lo que se van a ahorrar por este Impuesto, todas y todos aquellos que no pueden acceder a un lugar donde vivir, ahora si que lo van a tener fácil para poder pagar esos inabordables alquileres y/o letras, una vez liberados de tan brutal presión fiscal. Lo único que me tiene un tanto escamado, es el alborozo y la algarabía con la que han recibido esta propuesta en el Gobierno Regional del PP.

En definitiva, asistamos todas y todos a las movilizaciones convocadas por las Asambleas contra la Precariedad y por la Vivienda Digna, (V de Vivienda), y apoyadas por el movimiento vecinal y otros muchos grupos sociales.

Allí nos vemos.

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Nada mas lejos de mi intención, que cuestionar el principio de inocencia, ni aportar ninguna “exclusiva”mas al serial que comenzó hace mas de un año, entre el PP y el PSOE, sobre quien contaba en sus filas con el mayor número de personajes de dudosa conducta, en torno al urbanismo. No catalogaría yo, si el caso del antiguo Director General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, es mas o menos grave que otros que llenaron páginas de periódicos durante el año pasado. No es para IU un problema de si se han aprovechado mas o menos de un cargo público para su beneficio personal, el asunto importante es si se han aprovechado, y como imposibilitar que un desaprensivo pueda hacerlo.

Que la Fiscalía Anticorrupción haya actúado contra Enrique Porto, y contra el actual Alcalde del PP de Villanueva de la Cañada, no parece cualquier cosa. Que la Ley pueda intervenir sobre la compatibilización de actividades económicas privadas, que pueden verse favorecidas por el desempeño de un cargo público, no es tarea fácil, dada la excesiva flexibilidad legal en cuanto a  incompatibilidades de altos cargos de la Administración o de cargos políticos. El problema, es que en muchos asuntos relacionados con el Urbanismo, hay actos que pueden ser legales, pero deberían dejar de serlo.

No me corresponde a mi evaluar la legalidad de la actuación motivo de la querella de la Fiscalía Anticorrupción, es asunto de los jueces. Ahora bien, si el antiguo Director de Urbanismo, poseía  con anterioridad terrenos en un sector, donde la Comunidad de Madrid, rechazó el Plan Parcial para edificar, porque incluía 45.030 metros cuadrados de monte preservado para aumentar la edificabilidad, y Enrique Porto, en su calidad de Director General de Urbanismo de la Comunidad, consiguió desbloquearlo, y posteriormente en su calidad de propietario privado, vendió ese suelo, logrando unas plusvalías de mas de un millón de euros, pues la verdad, si tal cosa fuese legal, no queda mas remedio que cambiar la Ley, o abrirse las venas. Evidentemente, parece mas razonable lo primero.

El otro problema, es que a lo que no puede aspirar el Gobierno Regional del PP, es a forzar la dimisión de Enrique Porto y pretender salvar su responsabilidad con eso, sin mas consecuencias. Al Director General de Urbanismo, le nombró el Gobierno Regional de Esperanza Aguirre. A la petición de IU de esclarecer las actividades de Enrique Porto, el PP sencillamente se negó. Si un juez ve indicios legales de irregularidad, se supone que hubiese sido conveniente esclarecer anteriormente, las conductas etico-políticas que un juez no puede valorar. Esperanza Aguirre debe entender, que con forzar la dimisión de Enrique Porto ni se han salvado las responsabilidades políticas de su Gobierno, ni se han aclarado políticamente las actividades derivadas del cargo que el Gobierno Regional confió en Enrique Porto. Solo faltaría escuchar a algún miembro del Gobierno Regional aquello de “..Porto ..Porto.., el caso es que me suena”.

Es evidente, que el Gobierno de Esperanza Aguirre debe facilitar la aclaración de las actividades de su antiguo Director General de Urbanismo y de las mismas  con sus responsables políticos. Parecería lógico también, que todas las tramitaciones urbanísticas diseñadas o iniciadas por Enrique Porto, fuesen objeto de paralización y revisión. El Gobierno del PP no puede mirar para otro lado y encogerse de hombros, y mucho menos aún aprobar leyes, como la de Medidas Urgentes de Modernización, para flexibilizar aún mas las incompatibilidades de altos cargos. Luego pasa lo que pasa.

O se endurecen las incompatibilidades de los cargos públicos y altos cargos de la Administración, incluidos sus entornos profesionales y familiares, o dificilmente no habrá siempre alguien que sucumba a las tentaciones de utilizar una responsabilidad pública en beneficio privado. Hay que entender que esto no es un asunto exclusivo de moralidad, es de defensa del interés general de los ciudadanos y ciudadanas. En materia de vivienda, especialmente, los “pelotazos” en las intermediaciones de suelo, el tráfico de influencias, etc, los pagan las personas que pueden adquirir finalmente las viviendas, que son en último extremo a los que les repercuten todo el recorrido económico de las distintas operaciones especulativas, ya sean legales o no. Por eso vamos a seguir insistiendo desde IU, que sólamente desde la gestión pública del suelo, se imposibilitan estas actuaciones que solo perjudican a los intereses de la gran mayoría de los habitantes de la Comunidad de Madrid.

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