EL “CASO FUNERARIA”. CONSECUENCIAS DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS DEL PP (II)

Siempre he sido partidario de no entablar el debate de lo público y lo privado desde la abstracción, o desde una supuesta asignación de papeles entre la derecha y la izquierda, en la que los de derechas son los que defienden los modelos de gestión privados, y los de izquierdas los modelos públicos. Efectivamente, la izquierda defiende los modelos públicos de gestión de los servicios, o al menos así lo hacemos una parte de la izquierda, porque pretendemos defender los derechos y los intereses de la inmensa mayoría de la sociedad anteponiéndolos al mero beneficio empresarial, elemento que para la derecha es prioritario sobre cualquier otro derecho.

Por lo tanto, la apuesta por un modelo u otro tiene unas consecuencias económicas, de mayor o menor eficacia y eficiencia del servicio, de cantidad y calidad del empleo, y resultado de todo ello, consecuencias sociales. Hace unos días, reflejaba en este lugar, la huelga de los trabajadores y trabajadoras de la limpieza del Metro, y no lo hacía como una opinión sobre una determinada reivindicación o movilización sindical, lo que pretendía reflejar es que el modelo del PP, significaba unas condiciones laborales y de gestión, que sólamente podían redundar en un peor servicio a los ciudadanos y mas caro, y que no podía terminar en otra cosa, que en un conflicto del que las víctimas seguras eran los trabajadores y trabajadoras que utilizan el Metro y los que lo limpian.

Hoy aparece en los medios de comunicación, que el “caso Funeraria”, queda visto para sentencia 15 años después. Lo inmediato podía ser empezar a hacer valoraciones sobre la honestidad u honradez de los encausados, y aprovechando la época preelectoral hacerlo extensivo al partido al que pertenecen. Ya lamento que los apasionados y apasionantes debates de formato de programa del corazón, me interesen menos que el de los modelos políticos y sociales, y las consecuencias de los mismos sobre las personas que tienen que subsistir todos los días de su trabajo y esfuerzo.

El resultado mediático final de ese modelo es el que hoy leemos en la prensa. El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP, privatizó los Servicios Funerarios. Una empresa privada adquirió el 49% por la escalofriante cifra de 0,60 euros, a cambio de asumir una deuda de 13,6 millones de euros, que posteriormente el Ayuntamiento perdonó. El asesor municipal que aconsejó realizar esta operación de privatización, ha terminado siendo el presidente de la empresa privatizada. Sinceramente, las declaraciones de los encausados, reivindicando su honestidad y honradez, así como el conocimiento, del que no me cabe la menor duda, que sobre esta operación tenía el entonces Alcalde de Madrid y el PP, me parece que carece de interés, salvo en lo que judicialmente proceda.

Tal vez las preguntas deberían ser sobre si hoy los madrileños y madrileñas tienen unos mejores y mas económicos servicios funerarios, cuestión que está mas que demostrado que justamente ha sido lo contrario. Pero seguramente sea de menor interés para los medios el cómo se gestiona el dinero público y en beneficio de quien, que una bonita foto a la salida de los juzgados.

Es evidente que si los Servicios Funerarios de Madrid hubiesen sido de gestión pública 100%, no se hubiese podido producir este caso, y los madrileños y madrileñas tendrían un mejor y mas económico servicio.

Desde el respeto a las decisiones judiciales, tengo que decir que el resultado final de la sentencia, tiene para mi una importancia menor. Es mas, desde la comprensión humana sobre los malos ratos que tienen que estar pasando los encausados, me gustaría colaborar a que estos sinsabores no pueda pasarlos nadie más. Cambiemos las leyes para incompatibilizar e imposibilitar el lucro personal derivado de la gestión pública, y hagamos que los servicios públicos sean cada día mas eficaces y eficientes, más económicos y con empleo estable y de calidad, siendo no sólo de titularidad pública, si no de gestión pública. Lo digo por imposibilitar esos grandes dramas humanos, por los que en alguna ocasión pasan esas gentes emprendedoras que tienen dificultades para discernir “su” propiedad privada de la gestión pública.

Se supone que nos pagan para mejorar las condiciones de vida de las personas que nos eligen. O al menos eso creemos muchos, aunque parece que no los suficientes.