SESEÑA Y EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA VIVIENDA

Aludía en el anterior artículo al Derecho Constitucional a la vivienda como uno de los menos desarrollados,(siempre he sido un optimista), junto al Derecho Constitucional al trabajo, y que con ese premeditado confusionismo que quieren imprimir los tertulianos del piquete mediático antisindical,  la interpretación que hacen de la Carta Magna, que dicen los mas cursis, consiste en que ningún trabajador en huelga puede dificultar o entorpecer  lo más mínimo a otro su llegada puntual a su centro de trabajo.

Pues bien, utilizando ese mismo criterio, imagino que el Derecho Constitucional a la Vivienda consistirá en que al Pocero de turno se le facilitará toda suerte de legislación favorable, que en caso de no ser suficiente para que el pelotazo sea de las dimensiones requeridas, se retorcerán las leyes existentes todo lo que sea necesario, ocultando y silenciando cualquier informe redactado por cualquier funcionaria o funcionario desaprensivo, que no garantizara la viabilidad del proyecto y/o la voluntad de la autoridad política competente.

Pues resulta que uno de mis mas admirados prohombres, el Presidente del Congreso José Bono, vuelve a salir a la palestra por algunos asuntillos urbanísticos menores, que diría él, en ese Municipio toledano referencia de lo que debe ser para Bono el Derecho Constitucional a la vivienda. Prueba de ello es que el magnífico desarrollo de El Pocero se gestó y ejecutó siendo tan admirado prócer el Presidente de Castilla La Mancha.

 La cosa es que el Jefe de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía en la Intervención General del Estado, rechaza y ve posible que sea nula de pleno derecho la actuación del Ayuntamiento de Seseña. La de Manolo Fuentes, nuestro Alcalde no. La del anterior. La del procesado José Luis Martín, Alcalde del PSOE, que fué quien impulsó y aprobó la recalificación, tras los informes favorables del Gobierno Regional de el entrañable Pepe Bono.

El Interventor se muestra asombrado de que la Junta de Castilla La Mancha dejara que fuera el Ayuntamiento el que llevara las riendas de la adjudicación, como si la aprobación de la propuesta residencial de El Pocero se tratara de un simple Plan Parcial, que apenas procedía una Modificación Puntual. Para Bono debe ser algo “puntual” quintuplicar la población de un Municipio.

Resumiendo, que para Bono debía quedar a iniciativa de El Pocero y de su compañero el Alcalde de Seseña entonces, Jose Luis Martín dicho desarrollo. Lo chungo es que el Interventor en coincidencia con el Tribunal de Cuentas, en el informe que aprobó hace dos semanas, rechaza este argumento. Asegurando que la propia Ley del Suelo de Castilla La Mancha, (LOTAU), destina en su artículo 17 el plan parcial “a ordenar en detalle un sector concreto de un municipio, no para ordenar un municipio que va a multiplicar por cinco o por diez su población”. Continúa el informe diciendo: ” Cubrir jurídicamente esta situación bajo un manto de Plan Parcial propuesto por la empresa que va a ser la principal beneficiaria de las plusvalías, solo puede estimarse un desatino, considerando tanto el sentido común como la legislación vigente”.

Y remata el Interventor con: “Simplemente por sentido común, no pueden pasar ante los ojos de la Consejería actuaciones urbanísticas de un municipio que lo van a convertir en uno de los más poblados de toda la Comunidad Autónoma, sin que ésta asuma sus competencias en materia de planeamiento urbanístico, salvo que exista grave dejación de responsabilidades  o se protejan intereses ilegítimos”. Luego que le bajan el sueldo a los funcionarios. Si es que lo piden a gritos algunos.

Y claro, en lo que ya es un atentado contra el Derecho Constitucional a la vivienda, por parte de este “francotirador” dependiente del Ministerio de Hacienda, es que encima refleje que “también es destacable que la Junta no reclamara que al menos algunas de las miles de viviendas previstas fueran de protección oficial, es más, no hacerlo sobre un municipio de urbanismo en ebullición, y una previsión tan alta de habitantes podría constituir un fraude de ley”. Y por si fuera poco, el Interventor éste, que debe ser como la reencarnación del mismísimo Lenin, va y manifiesta que “sólo la recalificación urbanística de los terrenos generaba unas plusvalías de mas de mil millones de euros”.

También refleja el Informe que debería haber sido legalmente consultada la Presidenta de la Comunidad de Madrid, pero la verdad, esta presunta ilegalidad puediera ser la mas perdonable. Con los antecedentes del Gobierno de Esperanza Aguirre en materia de vivienda y urbanismo, solo había faltado que también Ella hubiese metido baza en Seseña. Aunque con Aguirre tampoco hubieran podido con nuestro Alcalde  Manolo Fuentes.