En el mes de enero de este año, reflejaba en este blog, las consecuencias de las privatizaciones de los servicios públicos, relacionando expresamente a el “caso de la funeraria del Ayuntamiento de Madrid”. En enero quedaba visto para sentencia, después de 16 años, los entonces “presuntos” hechos delictivos con los que se realizó esta privatización. Pues bien, como todo apuntaba, ya han dejado de ser “presuntos” y han pasado a probados.

Independientemente que en el artículo que escribí en el mes de enero, manifestaba que el resultado final de la sentencia tenía una importancia menor, no me queda por menos que decir que “joer”, ya le vale a la Justicia también. Dieciseis años ha estado reflexionando sobre si era legal o no que el Ayuntamiento de Madrid vendiera el 49% de sus acciones por 0,60 euros, a cambio de asumir una deuda de 13,6 millones de euros. Entiendo que no debe ser fácil determinar responsabilidades jurídicas, de quien pasó de ser el “asesor” municipal que aconsejó esta operación, a ser el presidente de la empresa que gracias a sus sabios consejos fue privatizada.

No dejo de reconocer que leer en la prensa las consecuencias de la anhelada sentencia, me causa un cierto estremecimiento. Por una parte, el único condenado, lo es a dos años y un día de suspensión de cargo público. Es decir, el entonces Primer Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Madrid, ha podido estar ejerciendo 16 años como representante de la voluntad popular, a pesar de haber cometido prevaricación. Menos mal que la sentencia le ha pillado ya con 79 años, e imagino que afortunadamente para el y para su familia ha podido llegar a la jubilación máxima. Hubiese sido un drama social, que si la Justicia hubiese actuado con cierta agilidad, y hubiese sido condenado cuando tenía 63 años, esos dos años sin cotizar pudiese haber supuesto un grave perjuicio para su calidad de vida.
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