21 Junio 17:00 Entrevista Digital Cayo Lara EL PAIS

LAS MUJERES MADRILEÑAS SIN SERVICIOS MÍNIMOS

Con lo que hemos tenido que oir esta semana al Gobierno Regional en torno al Derecho de Huelga. Ahora resulta que no cumplir con unos servicios mínimos ilegales y abusivos en el Metro es para Esperanza Aguirre prácticamente un delito de lesa humanidad, y no cumplir la Ley y el derecho de las mujeres de esta Comunidad a la interrupción voluntaria del embarazo, es el ejercicio del derecho de objeción de los profesionales sanitarios.

Es como si unos pandilleros se hubiesen hecho con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, donde la impunidad y la provocación son las señas de identidad de esta especie de ayatollahs del neoliberalismo. Ahora el siguiente frente abierto es contra el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública.

El nuevo Consejero de Sanidad, Fernádez-Lasquetty, mucho menos glamuoroso que el anterior, pero no menos fundamentalista, alentó a los profesionales sanitarios a declararse objetores, menifestándoles todo el respaldo necesario de su Consejería. Y todo eso en una Comunidad donde el último año solo el 2% de las intervenciones se realizaron en centro públicos, cosa que seguirá siendo así, a juzgar por el protocolo que Sanidad ha enviado a sus profesionales, en el que da instrucciones para remitir a las mujeres únicamente a clínicas privadas.

Bien es verdad que el Gobierno de la Nación parece como si tuviera la necesidad de dejarle puertas abiertas al PP para sus ejercicios de insumisión. Como ha manifestado la Coordinadora de Mujer de IU-CM, Beatriz Galiana, “no queda por menos que lamentar que los reglamentos que desarrolla la nueva ley del aborto no regulen la objeción de conciencia del personal sanitario, tal y como exigió IU en el Parlamento, y por lo tanto sirva de excusa a los Gobiernos Autonómicos de derechas , como el de la Comunidad de Madrid, par infringir la ley, no garantizand0 el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo”.

Sabiendo que Esperanza Aguirre sitúa los servicios máximos de la Sanidad Pública madrileña para las mujeres que quieren ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el 2%,  lo mismo les podía servir de referencia para los trabajadores y trabajadoras del Metro para negociar los servicios mínimos.

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