Después de seis años, uno no tiene la necesidad de que le digan que IU tenía razon, sobre la operación que quiso realizar un “iluminado” del ladrillo, en la época en la que hacerse rico a costa de las necesidades de vivienda de la gente que vivía de su trabajo, era el modelo productivo de España y de la Comunidad de Madrid en particular.

Enlazo algunas noticias que aparecían cuando el dinámico “emprendedor”, David Moreno Pingarrón, tuvo la ocurrencia de que él también tenía derecho a ser rico y famoso, a pesar de que su experiencia en la promoción de viviendas, era como la mía en el campo de la neurocirugía. En el 2004 en el diario Él País, ya advertía nuestro portavoz en el Ayuntamiento de Getafe, Ignacio Sánchez Coy, que si el hubiese depositado cantidad alguna en PSG, sacaría el dinero y saldría corriendo. Mención aparte merece el comentario de un internauta en un foro sobre PSG, que se recoge al final del artículo de El País, donde describe entonces, lo que ha ocurrido después. Aunque suponga desvelar el “secreto del sumario”, el internauta era yo mismo.

En julio de ese mismo año, siendo el que esto escribe coordinador general de IU de Getafe, junto a nuestro diputado entonces en la Asamblea de Madrid, Eduardo Cuenca, se le hicieron tres preguntas al Consejero de Ordenación del Territorio de entonces, Mariano Zabía, sobre si tenía intención la Consejería de comprobar la compra de suelo por parte de PSG, por si fuera aplicable la Ley Sancionadora de la Comunidad. Mas que nada porque PSG estaba comprando suelo en un desarrollo que se iba a desarrollar por expropiación a través de un Consorcio Público que presidía la propia Consejería. La contestación fué que tenían constancia, pero que no veían motivos para actuar.

Otra pregunta era, si tenía constancia la Consejería, de la existencia de avales/garantías de las cantidades depositadas por los cooperativistas para la adquisición de suelo. La Consejería dijo que no era de su incumbencia la relación contractual entre los cooperativistas y la gestora, por ser de carácter privado. Sino fuera porque avalar las cantidades es obligatorio por Ley, y que el Consorcio adjudicó suelo a una gestora-cooperativa que había avalado el dinero de sus cooperativistas con una aseguradora llamada HCC, que había incluido una cláusula de que el aval sólo sería efectivo en caso de que la actuación se realizase por Compensación, a sabiendas de que ya estaba aprobado y se estaba actuando por expropiación, la Consejería hubiese podido tener al menos una excusa para su inhibición.

El problema es que hoy, cerca de 2000 cooperativistas pagaron cada uno de ellas y ellos, en torno a 30.000 euros, que ni ha devuelto el supuesto promotor, ni la aseguradora responde de esas cantidades.

IU, que a pesar de las lógicas incomprensiones en ocasiones de los propios cooperativistas, generadas por quien le estorbábamos para sus objetivos económicos, siempre ha defendido y va a seguir defendiendo los intereses de quienes con un enorme esfuerzo tenían sus ilusiones puestas en acceder a una vivienda. Ayer hemos registrado una pregunta a la Consejera para saber si pensaba intermediar entre los defraudados cooperativistas y la aseguradora HCC, para que les sean restituidas las cantidades que abonaron a PSG.

En principio la pregunta nos la ha rechazado la Mesa de la Asamblea bajo el pretexto, de que podía darse a entender que al ser un contrato entre particulares, lo situábamos como una obligación de la Consejería. Pues bien, vamos a reformular la pregunta para que la Consejera medie en la solución del problema, independientemente de que pensemos que está obligada a defender los derechos de unos cooperativistas, que son víctimas de una gestora y de una aseguradora a la que le fueron adjudicadas viviendas en un concurso público, de competencia de la Comunidad de Madrid.

No aspiramos a una confrontación política que pudiera darnos réditos electorales. Aspiramos a que cerca de 2000 familias resuelvan un gravísimo problema, que la crisis económica ha acentuado más todavía. Aspiramos a que recuperen los en torno a 30.000 euros que pagaron con el esfuerzo de toda su vida.

Si Esperanza Aguirre vuelve a inhibirse de sus responsabilidades, después de haber intentado instrumentalizar en campaña electoral a los cooperativistas, no nos quedará mas remedio que pasar a otra fase que en ningún caso deseamos.

Espero sinceramente, que sea la última vez que tenga que escribir un artículo sobre ésto, y además tan largo y seguramente que un tanto ladrillo,  porque sencillamente se haya solucionado el problema, al igual que el de los cooperativistas de OFIGEVI.

Aconsejo que leais los enlaces que he hecho en el artículo, para poder tener una visión más ajustada de lo que he reflejado.